Incapacitación Fraudulenta en Elche

Este caso comenzó cuando una persona (la víctima) presentó varias denuncias en contra de algunos jueces, por presuntas irregularidades en sus casos. En respuesta, los fiscales hicieron una demanda de incapacitación, basado en premisas injustificadas y falsas.

Fiscalía - Alfonso Villalonga Tomás (Abogado Fiscal) hizo una demanda vergonzosa (ver Demanda de incapacitación) que manifiesta que el víctima presentó muchas demandas "irreflexiva e irracional", sin explicar ni un solo ejemplo.

Forense - Antonio Fajardo Agustín (Forense-Jefe) hizo un informe vergonzoso (ver Informe de forense) que afirma que la víctima visitó al forense "voluntariamente", pero la policía lo recogió cuatro veces para este propósito antes de que él "fue voluntariamente". Su informe manifiesta que el víctima tiene una enfermedad que no nota nadie excepto los "expertos" del juzgado, y tiene que "protegerle". No justifica sus manifestaciones.

Juez - Sandra Peinado Martínez (Juez) hizo una sentencia vergonzosa (ver Sentencia de incapacitación) que trató el asunto supuestamente con toda clase de obstrucciones procesales, violaciones constitucionales, prevaricaciones y encubrimientos de compañeros de toga, pérdida de documentos en juicio, falsedades en proveídos, injustificada no abstención ni posterior recusación, negativa a pruebas documentales y testificales de varios abogados, etc. etc. (a dichas actuaciones se remito por economía procesal o de denuncia en este mismo escrito, advirtiendo que existen varias providencias y autos importantes que jamás se me han notificado para causarse indefensión y las que se han notificado, casi todas ha sido transcurridos varios meses cuando ya habían surtido efecto y producido indefensión). No se se ha permitido contestar la demanda, reconvenir, instar cuestiones previas prejudiciales, recurrir algunos proveídos (esto último con la colaboración, por acción u omisión, de cuatro abogados que han tenido la obligación legal de defenderse en dicho criminal fraude procesal, que es impropio de que tengan lugar en nuestro llamado Estado social y democrático de Derecho.

Audiencia Provincial - José Manuel Valero Díez (Juez), Encarnación Caturla Juan (Juez), y Domingo Salvatierra Osorio (Juez) hicieron una sentencia vergonzosa (ver Sentencia sobre medidas cautelares) sobre medidas cautelares, que no procederían pero ellos aplicaron igual. Dicen que se necesita incapacitar la víctima para "proteger su integridad personal y su credibilidad", motivos extraños para una incapacitación. También, dicen que tiene que protegerse contra multas, etc, que ellos mismos controlan, que parece el sistema de "protección" mafioso.

Referencia